El voto no es un cheque en blanco. El poder ciudadano se ejerce todos los días.
Existe una idea que durante demasiado tiempo hemos aceptado como si fuera una verdad absoluta: que la democracia consiste en votar.
Votamos por un Presidente.
Votamos por alcaldes.
Votamos por congresistas.
Elegimos representantes y servidores públicos.
Y después, pareciera que solo nos queda esperar.
Esperar cuatro años.
Esperar que cumplan sus promesas.
Esperar que solucionen nuestros problemas.
Esperar que quienes recibieron nuestra confianza recuerden para qué fueron elegidos.
Nosotros decimos que no.
La democracia no termina el día de las elecciones.
Cuando un ciudadano deposita su voto, no entrega para siempre su poder. Lo delega temporalmente.
Lo delega en un Presidente, en un alcalde, en congresistas y servidores públicos. Lo delega en instituciones encargadas de administrar recursos, infraestructura y servicios que pertenecen a la sociedad.
Y esa delegación tiene una contraparte:
responsabilidad.
Quienes reciben nuestra autoridad también reciben recursos públicos, presupuesto, poder institucional y un salario para cumplir las funciones que les fueron encomendadas.
Por eso, quienes convocamos al Paro Nacional de Estudiantes del 20 de noviembre de 2026 no venimos a pedir favores.
Venimos a exigir resultados.
No estamos pidiendo permiso: estamos ejerciendo ciudadanía
Este manifiesto no es una lista de deseos.
No es un catálogo de regalos.
No es una carta para preguntar amablemente qué está dispuesto a concedernos el Estado.
Es un conjunto de exigencias.
Somos estudiantes, pero no solamente somos estudiantes.
Somos trabajadores.
Somos consumidores.
Somos ciudadanos.
Somos contribuyentes.
Y mañana seremos los ingenieros, médicos, abogados, científicos, empresarios, docentes, técnicos y trabajadores que tendrán que sostener este país.
Por eso asumimos nuestra responsabilidad.
Y exigimos que quienes tienen funciones públicas asuman las suyas.
Nuestro mensaje es sencillo:
Este es el país que ustedes tienen la responsabilidad de construir y nosotros tenemos el derecho de exigir que cumplan con su función.
1. Al Gobierno Nacional: garanticen educación superior pública para todos
Nuestra primera exigencia es clara:
exigimos una política nacional de financiación de la educación superior pública que garantice que todo colombiano que quiera ingresar pueda hacerlo y tenga condiciones reales para permanecer hasta terminar su proyecto académico.
La educación superior pública no puede seguir funcionando bajo la lógica de que miles de jóvenes compitan por unos pocos cupos y después tengan que enfrentarse a las barreras económicas que producen la deserción.
No basta con decir que la educación es un derecho.
Hay que garantizar las condiciones materiales para ejercerlo.
Exigimos que el Estado financie la educación pública de tal manera que estudiar no sea un privilegio reservado para quienes pueden permitirse no trabajar.
Porque un estudiante que tiene que escoger entre comer, trabajar o asistir a clase no está disfrutando plenamente de su derecho a la educación.
2. Exigimos un país conectado: Colombia necesita ferrocarriles
También exigimos un Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario.
Colombia necesita una red ferroviaria moderna que conecte las regiones y permita integrar el transporte nacional con los sistemas urbanos.
En Bogotá exigimos que se estudie y desarrolle una conexión ferroviaria por la Avenida Boyacá, articulada con el Metro y con las conexiones hacia las regiones del país.
Pero nuestra exigencia no termina en las fronteras nacionales.
La Gran Latina
Exigimos que Colombia trabaje por la construcción de una red ferroviaria capaz de conectar a América Latina.
No hablamos solamente de transportar mercancías.
Hablamos de conectar personas.
De facilitar la movilidad.
De permitir que nuestros ciudadanos puedan estudiar, trabajar, residir y comerciar en una región más integrada.
Exigimos una América Latina que trabaje hombro a hombro.
No aceptamos como destino una América Latina dividida.
Exigimos integración.
Exigimos infraestructura.
Exigimos visión continental.
3. Al Congreso de la República: reconozcan al estudiante trabajador
A ustedes, congresistas, dirigimos una de nuestras principales exigencias:
Exigimos el reconocimiento jurídico del estudiante trabajador dentro del Código Sustantivo del Trabajo.
Millones de jóvenes necesitan trabajar mientras estudian.
No porque hayan abandonado sus aspiraciones académicas, sino precisamente porque necesitan ingresos para poder mantenerlas.
Por eso exigimos una jornada laboral de 24 horas semanales, distribuida en tres turnos de ocho horas, que permita compatibilizar trabajo, estudio y descanso.
Y para quienes decidan trabajar la jornada máxima completa de 42 horas semanales, exigimos una remuneración proporcional a las horas efectivamente trabajadas.
Queremos romper una contradicción absurda:
no se puede exigir a los jóvenes que estudien para conseguir un trabajo digno y, al mismo tiempo, construir un mercado laboral que les impida estudiar.
El estudiante trabajador debe poder existir jurídicamente.
Debe poder trabajar.
Debe poder estudiar.
Debe poder cotizar.
Debe poder construir experiencia.
Y debe poder hacerlo sin tener que abandonar una de esas actividades para sobrevivir.
4. Los estudiantes trabajadores deben estar en la discusión del salario mínimo
Nuestra exigencia no termina con el reconocimiento jurídico.
Exigimos que un representante de los Estudiantes Trabajadores tenga participación en la mesa donde se discute el salario mínimo.
No como invitado.
No como espectador.
No para ocupar una silla simbólica.
Como representante legítimo.
Si producimos, trabajamos, pagamos impuestos, cotizamos y vamos a construir buena parte de la economía del futuro, tenemos derecho a participar en las decisiones que determinarán nuestro futuro laboral.
Y si las empresas sostienen que no pueden asumir los costos de contratar dignamente a estudiantes trabajadores, exigimos que el Gobierno diseñe mecanismos de subsidio que permitan financiar esos empleos sin trasladar el costo al trabajador.
Porque el trabajador colombiano no es un gasto.
Es quien genera la riqueza que sostiene a la nación.
5. Al Banco de la República: exigimos una estrategia para fortalecer el peso
También tenemos exigencias en materia económica.
Al Banco de la República le exigimos una estrategia nacional de largo plazo orientada a fortalecer el peso colombiano y avanzar hacia una relación uno a uno con monedas internacionales como el euro.
Exigimos que se estudie también el rediseño de los billetes y las monedas necesarios para acompañar una transformación monetaria de largo plazo.
Pero existe una exigencia mucho más inmediata:
Exigimos que Bre-B sea gratuito de manera permanente.
Los ciudadanos no deberíamos pagar por mover nuestro propio dinero.
Si el sistema financiero y el Estado avanzan hacia una economía cada vez más digital, el costo de mover el dinero no puede convertirse en otro mecanismo para cobrarle al ciudadano por utilizar sus propios recursos.
Nuestro dinero debe poder moverse sin peajes.
6. A las universidades públicas: dejen de seleccionar eternamente a quienes pueden estudiar
A las universidades públicas les exigimos cumplir plenamente la función para la cual fueron creadas:
educar.
No aceptamos que la educación pública tenga como destino permanente dejar por fuera a miles de aspirantes.
Exigimos que utilicen las libertades que les otorga la ley 30 para desarrollar nuevas políticas que permitan ampliar el acceso, eliminar barreras innecesarias y garantizar la permanencia de los estudiantes mientras desarrollan su proyecto académico.
Exigimos que la política de matrícula cero, vigente desde 2022, sea utilizada para ampliar realmente el acceso a la educación superior pública.
Y exigimos algo más:
horarios compatibles con nuestra realidad económica.
El estudiante colombiano trabaja.
El estudiante colombiano sostiene familias.
El estudiante colombiano necesita desplazarse.
El estudiante colombiano necesita comer.
La universidad pública debe entender esa realidad.
No aceptamos que estudiar implique necesariamente dejar de vivir.
7. A la Alcaldía de Bogotá y al Distrito: pongan la antigua Bavaria al servicio de la educación
A la Alcaldía de Bogotá y al Distrito Capital les exigimos poner al servicio de la educación pública uno de los espacios estratégicos que tiene la ciudad:
el antiguo complejo de Bavaria ubicado en la Avenida Boyacá con Calle Séptima.
Nuestra exigencia es concreta:
Exigimos allí la nueva Facultad D. Bavaria de la Universidad Distrital.
No estamos exigiendo simplemente otro edificio.
Exigimos infraestructura educativa capaz de transformar radicalmente la capacidad de la Universidad Distrital.
Exigimos que Bogotá tenga capacidad para recibir a las nuevas generaciones que quieren estudiar.
Exigimos una infraestructura diseñada para ampliar el acceso y avanzar hacia la admisión del mayor número posible de aspirantes.
Y exigimos que Bogotá, el Distrito y el Gobierno Nacional construyan conjuntamente el mecanismo financiero que permita hacerlo realidad.
La educación pública necesita espacio.
Bogotá tiene el territorio.
Ahora exigimos voluntad política.
8. A Bavaria: conviertan un costo inmobiliario en educación pública
A Bavaria también le hablamos directamente.
El antiguo complejo industrial de la Avenida Boyacá representa hoy un enorme activo inmobiliario dentro de una ciudad que impone condiciones urbanísticas y operativas muy diferentes a las de una planta industrial tradicional.
Por eso nuestra exigencia es también una invitación histórica:
Solicitamos a Bavaria la donación deducible de impuestos del predio correspondiente a la antigua fabrica abandonada en la Avenida Boyacá con calle 7a a la Universidad Distrital, bajo un esquema jurídicamente viable y con los beneficios tributarios que correspondan.
Y proponemos que la sede conserve su nombre:
Facultad D. Bavaria.
Porque la historia también importa.
La Pola de Bavaria financia la educación y los consumidores con cada sorbo aportamos a la educación del país país
Por eso dejamos una pregunta sobre la mesa:
¿Qué le está devolviendo una empresa a la sociedad que hizo posible su existencia?
Nosotros proponemos una respuesta:
educación pública.
Que algún día un colombiano pueda decir que con una cerveza ayudó a financiar la universidad pública del país.
Salud por la educación.
9. A Coca-Cola: el agua no pertenece a una marca
También tenemos una exigencia frente a la protección del agua.
Nuestra posición es inequívoca:
El agua no es propiedad de una marca. El agua pertenece a la vida.
Ante las denuncias y preocupaciones relacionadas con fuentes hídricas en La Calera y sus posibles efectos sobre las sequias en la calera y lugares como Puerto Bogotá, exigimos que las autoridades competentes investiguen, verifiquen y actúen.
Si se comprueba fuentes de agua que siguen selladas que son indispensables para las comunidades y los ecosistemas, exigimos que se priorice la protección de la vida, del recurso hídrico y no la infraestructura que privatiza y monopoliza los yacimientos de agua en la calera, el agua debe poder seguir el su curso natural pues no solo la vida humana depende de ello, también la de todas las demás especies con las que compartimos el planeta.
El negocio no puede estar por encima de la vida.
Y exigimos SOLUCIONES.
Coca-Cola es bienvenida en la costa Caribe con plantas desalinizadoras capaces de abastecer sus necesidades de producción y, al mismo tiempo, contribuir al abastecimiento de las comunidades cercanas.
Industria y protección ambiental no tienen por qué ser enemigos.
Lo que no aceptamos es que una actividad económica termine poniendo en riesgo el acceso de las comunidades al agua.
10. A TransMilenio: estudiar también cuesta dinero
Finalmente, dirigimos nuestras exigencias al sistema de transporte de Bogotá.
TransMilenio permite que trabajadores y estudiantes atraviesen la ciudad para llegar a sus lugares de trabajo y estudio.
Y eso también beneficia a las empresas.
Una empresa puede contratar trabajadores independientemente del lugar donde vivan porque existe un sistema de transporte que conecta la ciudad.
Entonces hacemos una pregunta:
si el transporte también permite que funcione el mercado laboral de Bogotá, ¿por qué su costo debe recaer exclusivamente sobre trabajadores y estudiantes?
Por eso exigimos mecanismos para que las empresas contribuyan al financiamiento del sistema.
Y exigimos una solución específica para los estudiantes:
Una tarjeta de transporte estudiantil con recarga mensual financiada públicamente.
O acceso directo mediante el carné estudiantil.
Porque no tiene sentido decirle a un joven:
“Estudia para construir tu futuro”.
Y después decirle:
“Pero primero consigue dinero para poder llegar a la universidad”.
¿Nos dicen que es imposible?
Probablemente habrá quienes digan que estas exigencias son demasiado ambiciosas.
Que no hay presupuesto.
Que no existen los mecanismos.
Que se necesitan leyes.
Que no se puede.
Nuestra respuesta es sencilla:
eso no nos corresponde decidirlo antes de exigir.
Algunas de nuestras exigencias podrán materializarse en días.
Otras necesitarán meses.
Otras necesitarán años.
Algunas requerirán leyes.
Otras requerirán acuerdos institucionales.
Y otras exigirán movilización social.
Eso es política.
Lo que no aceptamos es que nos digan que nuestra única función como ciudadanos consiste en votar cada cuatro años y permanecer callados mientras otros toman decisiones que determinarán nuestro futuro.
Esto no es un catálogo de regalos
Que quede claro:
no estamos pidiendo regalos.
Estamos estableciendo exigencias.
No estamos diciendo que todas sean fáciles.
No estamos diciendo que todas puedan cumplirse inmediatamente.
Estamos diciendo que este es el rumbo que exigimos discutir y construir.
Porque la política no consiste solamente en administrar lo que existe.
También consiste en decidir qué queremos transformar.
Y nosotros exigimos transformar aquello que consideramos incompatible con el país que necesitamos.
La democracia no termina con el voto
La democracia continúa cuando preguntamos qué hacen con nuestros impuestos.
Continúa cuando exigimos transparencia.
Cuando preguntamos qué hace un servidor público con el salario que recibe.
Cuando exigimos educación.
Cuando defendemos el agua.
Cuando reclamamos transporte.
Cuando exigimos trabajo digno.
Cuando cuestionamos a las instituciones.
Cuando exigimos que las empresas respondan ante la sociedad.
Y cuando entendemos que votar no significa renunciar a nuestro poder.
Significa delegarlo temporalmente.
Por eso, cuando quienes reciben esa delegación incumplen sus responsabilidades, la ciudadanía tiene derecho a exigir.
Y nosotros vamos a ejercer ese derecho.
20 de noviembre de 2026: el poder ciudadano se ejerce todos los días
El Paro Nacional de Estudiantes del 20 de noviembre de 2026 no es simplemente una interrupción de clases.
Es un ejercicio de ciudadanía.
Es la expresión de una generación que no quiere limitar su participación política a marcar una casilla en una tarjeta electoral.
Es una declaración:
no vamos a entregar nuestro futuro y desaparecer durante cuatro años.
Presidente.
Congreso.
Alcaldía.
Distrito.
Banco de la República.
Universidades.
Empresas.
Cumplan su función.
Nosotros cumpliremos la nuestra.
Estudiaremos.
Trabajaremos.
Produciremos.
Pagaremos impuestos.
Construiremos empresas.
Cuidaremos nuestros territorios.
Y exigiremos resultados.
Porque detrás de cada peso público hay un ciudadano que trabajó para producirlo.
Y nosotros somos esos ciudadanos.
Este es nuestro mandato.
Estas son nuestras exigencias.
Y este es el país que exigimos empezar a construir.
PARO NACIONAL DE ESTUDIANTES
20 DE NOVIEMBRE DE 2026
LA DEMOCRACIA NO TERMINA CON EL VOTO.
EL VOTO NO ES UN CHEQUE EN BLANCO.
EL PODER CIUDADANO SE EJERCE TODOS LOS DÍAS.
